Estado arriesga millonarias demandas tras fallo de Suprema en muerte por tsunami del 27/F

El mar alcanzó los dos metros de altura en el pasaje Manuel Bayón en la población Santa Clara, en Talcahuano. Así lo acredita la marca en las paredes de la casa de la familia de Mario Ovando Garcés (67), quien producto del tsunami del 27 de febrero de 2010, murió tres días después de la tragedia en el Hospital Las Higueras, a raíz de que no salió de su hogar tras el terremoto y sus pulmones quedaron llenos de agua y barro, luego de que la ola ingresó a su hogar.

Su familia sobrevivió y decidió demandar al Estado. La razón: indicaron que las declaraciones efectuadas a una radio por el ex intendente de la VIII Región Jaime Tohá, sobre que no había peligro de tsunami, los tranquilizó y decidieron no escapar de su casa, lo que desencadenó la tragedia. Su hija Paulina Ovando Valenzuela (36) relató que ese día nadaron en medio del barro y lograron salvarse encaramándose al techo de un automóvil. En total, las víctimas del tsunami fueron 156 personas, que vivían en las costas de O’Higgins, El Maule y Biobío.

Así, a casi tres años del fallecimiento de Ovando, la Corte Suprema por primera vez acreditó la responsabilidad del Estado en la muerte de una víctima del maremoto. En una ocasión anterior rechazó una demanda, dado que se acreditó que el fallecido, que iba en su auto por Chiguayante, salió de su casa antes de que el ex intendente hablara en la radio.

Ayer, la Tercera Sala del máximo tribunal ordenó la indemnización de $ 55 millones en total para su viuda, sus tres hijos y un nieto. La familia fue representada por el abogado Adolfo Ortega.

La decisión fue dividida. A favor votaron el próximo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el ministro Carlos Cerda y el abogado integrante Jorge Lagos. Los jueces Pedro Pierry y Héctor Carreño votaron en contra.

La demanda comenzó en julio de 2010 y fue rechazada dos veces. Tras presentar un recurso de casación ante el máximo tribunal, los magistrados anularon esas sentencias y determinaron que el Estado debía pagar la indemnización por el daño sicológico y moral provocado. “La familia Ovando solamente permaneció en el lugar producto de la tranquilidad encontrada en las palabras del intendente, de lo contrario permanecerían en la incertidumbre que los llevaría a adoptar otra conducta. Así el daño no se produciría”, señala la resolución.

Los jueces indican que “la cruz de lo vivenciado por los actores desde la inundación hasta la época del ingreso de la demanda, pasando por el fallecimiento del jefe de familia, ha debido generar una merma en el patrimonio espiritual de quienes saben que de no haber mediado la infeliz falta de servicio, no habrían debido soportar la carga que ahora conducen”.

Agregan que: “¿Exagerado será considerar (el daño moral) concurrente en quienes en medio de la más grande de las incertidumbres de una tenebrosa noche de horror (...) claman visceralmente por la autorizada voz de quien en la emergencia generalizada ha de guiarlos y que, por obedecerla, son víctimas de gigantescas olas de agua lodosa que los sumergen y asfixian, hasta que uno de ellos fallece horas después? No dudan estos jueces en una respuesta negativa”.

Tras conocer el dictamen, Paulina Ovando, hija de la víctima, dijo que “gracias a Dios salió esto a favor de nosotros. Esperamos que ocurra lo mismo con las otras familias que perdieron a hijos, madres, y por eso queremos que se haga justicia y que esto sea el primer paso para aquello”.

Explicó que “hemos avanzado como familia sometiéndonos a tratamientos siquiátricos hasta el día de hoy, pero tratando de seguir adelante. Nosotros seguimos viviendo acá en Santa Clara, acá nos hizo casa el gobierno así que nos quedamos”.

Finalmente, manifestó que esa noche “estábamos tranquilos y nunca pensamos que ocurriría esta desgracia, estábamos todos juntos y ese fue el motivo de que nos mantuvimos en casa porque no vino ninguna alerta”.

En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que “es muy importante la sentencia, porque está acreditando que sí hubo responsabilidad del Estado y en este caso de las autoridades que entregaron una orden tan equivocada como permanecer en su lugar”.

El secretario de Estado afirmó que el pago de la indemnización a la familia Ovando “va a ser con cargo al presupuesto del próximo año”.

La otra demanda

Otro proceso pendiente en la justicia civil es el que lleva el abogado Juan Vasseur, quien presentó en junio del año pasado una demanda en contra del fisco en representación de las familias de 69 víctimas del tsunami en Constitución, Curanipe y Pelluhue. En total son $ 60 mil millones, divididos entre 200 personas.

Al respecto, el abogado señaló que están a la espera del juicio penal para presentar esas pruebas en el proceso de la demanda, dado que una vez que haya sentencia presentarán esas pruebas como evidencia para el proceso civil de la demanda. Además, indicó que el fallo de la Corte Suprema es fundamental para su línea argumentativa, dado que por primera vez da cuenta de la existencia de falta de servicio del Estado.

“Nos alegra el fallo de la Corte Suprema y es fundamental para nosotros. Acá se reconoce que ese tipo de actuación que tuvo un órgano del Estado, en este caso el intendente, sí constituye una falta de servicio. Con mucha mayor razón esto también lo constituyen, a nuestro juicio, las actuaciones falsas, equívocas que tuvieron a nivel de todo Chile la Onemi y el Shoa”, dijo Vasseur.

Actualmente, están pendientes las acusaciones por el caso tsunami que debe presentar la Fiscalía Occidente. En ese proceso están formalizados, entre otros, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández y el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y ex funcionarios del Shoa.

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